El líder húngaro, Viktor Orban, utiliza la crisis sanitaria global para asestar un golpe definitivo a lo poco de estado de derecho y democracia que quedaba ya en el país. ¿Harán los socios europeos algo al respecto?

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El Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, en el Parlamento, Budapest, 30 de marzo de 2020. ZOLTAN MATHE/POOL/AFP via Getty Images

Las situaciones excepcionales necesitan soluciones excepcionales. Parece que esta es una máxima que  está aplicándose a lo largo y ancho de todo el planeta como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID19.

En el entorno europeo casi todos los países han optado por poner en marcha distintos niveles de excepcionalidad. España e Italia son los que, por razones obvias, han desplegado un mayor nivel de control sobre sus poblaciones si bien, por el momento, no se ha pasado al de la restricción de derechos fundamentales que determinaría un estado de excepción. Otros gobiernos van más lentos o dudan más en torno a las medidas a adoptar por miedo a una temida recesión que todos esperan. Así, los países del centro y norte europeos están siendo más reticentes a la hora de recluir a sus ciudadanos en sus hogares. Se da prioridad al mantenimiento del tejido económico en la medida de los posible. La preservación de la libertad individual se combina de manera casi perfecta con recomendaciones y no obligaciones. En este grupo se encuentran Suecia, Dinamarca o Países Bajos.

Luego, al fin, tenemos a los países de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) que, como indicaba el politólogo búlgaro Ivan Krastev en su libro La luz que se apaga, están transitando desde la imitación de las acciones de Europa occidental hacia otro en el que buscan distinguirse y reivindicarse frente a ellos. Las puntas de lanza son, sin ningún ...