El líder húngaro, Viktor Orban, utiliza la crisis sanitaria global para asestar un golpe definitivo a lo poco de estado de derecho y democracia que quedaba ya en el país. ¿Harán los socios europeos algo al respecto?

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El Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, en el Parlamento, Budapest, 30 de marzo de 2020. ZOLTAN MATHE/POOL/AFP via Getty Images

Las situaciones excepcionales necesitan soluciones excepcionales. Parece que esta es una máxima que  está aplicándose a lo largo y ancho de todo el planeta como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID19.

En el entorno europeo casi todos los países han optado por poner en marcha distintos niveles de excepcionalidad. España e Italia son los que, por razones obvias, han desplegado un mayor nivel de control sobre sus poblaciones si bien, por el momento, no se ha pasado al de la restricción de derechos fundamentales que determinaría un estado de excepción. Otros gobiernos van más lentos o dudan más en torno a las medidas a adoptar por miedo a una temida recesión que todos esperan. Así, los países del centro y norte europeos están siendo más reticentes a la hora de recluir a sus ciudadanos en sus hogares. Se da prioridad al mantenimiento del tejido económico en la medida de los posible. La preservación de la libertad individual se combina de manera casi perfecta con recomendaciones y no obligaciones. En este grupo se encuentran Suecia, Dinamarca o Países Bajos.

Luego, al fin, tenemos a los países de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) que, como indicaba el politólogo búlgaro Ivan Krastev en su libro La luz que se apaga, están transitando desde la imitación de las acciones de Europa occidental hacia otro en el que buscan distinguirse y reivindicarse frente a ellos. Las puntas de lanza son, sin ningún género de dudas, Polonia y Hungría, aunque no hay que perder de vista a la República Checa y Eslovaquia. Estos últimos, por dar un ejemplo, al comienzo de la crisis sanitaria vulneraron uno de los principios vertebradores de la UE, el principio de igualdad, estableciendo la prohibición de no dejar pasar a ciudadanos italianos a través de sus fronteras.

Capítulo aparte merece el caso húngaro, país que ya cuenta con un expediente abierto en relación con las vulneraciones flagrantes de su estado de derecho y amenazado de la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión que reza: “A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones”. El procedimiento contra Hungría comenzó en septiembre de 2018 a petición del Parlamento Europeo al Consejo. Si bien, por ...