Las desigualdades económicas, los grandes escándalos de corrupción recientes y el cambio climático, entre otros, han provocado numerosas protestas a lo largo del globo cuyo trasfondo, es la corrupción. He aquí las claves para crear una institución internacional que haga respetar el marco legar existente.
Los Papeles de Pandora ofrecen la visión más completa hasta la fecha de las extensas redes transnacionales que permiten a los funcionarios públicos corruptos y a la élite económica blanquear y ocultar sus activos ilícitos en cualquier lugar, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Washington, DC. La investigación demuestra que los países ricos deben esforzarse más en limpiar los paraísos fiscales que favorecen a los cleptócratas, por ejemplo mediante la regulación de los facilitadores profesionales, como las compañías fiduciarias de Dakota del Sur, Estados Unidos, y los agentes inmobiliarios de Londres. La semana pasada se presentó en el Congreso estadounidense una ley para conseguirlo a nivel nacional. La dimensión mundial del problema que revela la filtración de 11,9 millones de archivos confidenciales de 14 servicios financieros, que involucran a personajes públicos de más de 90 países, demuestra que es también urgente la creación de una nueva institución internacional para pedir cuentas a los cleptócratas y sus facilitadores profesionales.
Las instituciones internacionales existen fundamentalmente para gestionar las tensiones entre la soberanía de los Estados y la interdependencia global entre ellos, en constante evolución. La facilidad con que las redes cleptocráticas abusan de esa interdependencia para enriquecerse y sostener regímenes represivos pone de manifiesto la clara incapacidad de las estructuras actuales de gobernanza mundial para combatir la cleptocracia.
Los corruptos y sus familias disfrutan de vidas opulentas en las democracias liberales en las que prefieren almacenar su dinero sucio mientras la sanidad pública, la asistencia social y las infraestructuras se vienen abajo en sus países de origen. La indignación por la rapacidad de los gobiernos cleptocráticos genera inestabilidad y conflictos cuando las poblaciones explotadas se rebelan, muchas veces frente a la violencia del Estado que ejercen unas fuerzas de seguridad a las que pagan para defender el orden cleptocrático. El gasto multilateral aprobado para responder a la pandemia de coronavirus, promover el desarrollo económico y combatir el cambio climático se desvía para sumarse a las ganancias de los cleptócratas, en vez de servir para resolver las crisis mundiales más acuciantes.
Avanzar en medio de los riesgos políticos, las violaciones de derechos humanos y la inestabilidad general perpetuada por la cleptocracia es una aventura cada vez más complicada para las empresas éticas, en particular las que están sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y sus equivalentes en otros países, que consideran delito punible el soborno de funcionarios extranjeros. También están en desventaja porque los rivales internacionales que no sufren estas restricciones están dispuestos a practicar la corrupción para obtener contratos públicos lucrativos y tener acceso a los mercados emergentes. Para que haya obras públicas de calidad y una competencia equitativa, que es lo que estimula la innovación, es necesario que en el sector empresarial haya igualdad de condiciones para todos.
Para mitigar los peligros de la interdependencia es necesaria una nueva institución internacional que se ocupe de la gran corrupción. En junio, más de 125 líderes mundiales procedentes de 46 países, entre los que había Premios Nobel, exjefes de Estado y de gobierno, ministros, jueces de tribunales supremos, miembros de organismos intergubernamentales, dirigentes empresariales y representantes de la sociedad civil, pidieron la creación de un Tribunal Internacional Anticorrupción (IACC en sus siglas en inglés), capaz de pedir cuentas a los cleptócratas cuando los gobiernos nacionales no puedan o no quieran hacerlo. Posteriormente, los programas electorales de los liberales y los conservadores para las elecciones federales de septiembre de 2021 en Canadá incluyeron el compromiso de impulsar la creación del IACC, y en todo el mundo está creciendo el apoyo a esta idea entre las altas instancias.
Las democracias liberales son cada vez más conscientes de las amenazas que representa la gran corrupción para la democracia, los derechos humanos, la salud y la paz y la seguridad internacional. El 3 de junio, los ministros del G7 hicieron pública una declaración en la que afirmaban que “reconocen que la corrupción es un problema mundial acuciante” y, en la cumbre del grupo, los líderes acordaron emprender acciones colectivas para luchar contra esta.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió en junio un memorándum de estudio sobre seguridad nacional en el que declaraba la lucha contra la corrupción dentro y fuera de sus fronteras de interés primordial para la seguridad nacional de Estados Unidos. “La corrupción erosiona la confianza de la población” afirmaba, “impide una labor de gobierno eficaz, distorsiona la igualdad de los mercados, socava las campañas de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y las migraciones y proporciona a los líderes autoritarios un medio para debilitar la democracia en todo el mundo”. La lucha contra la corrupción es también un tema central de la Cumbre para la Democracia que va a organizar su gobierno en dos partes, la primera de ellas en diciembre.
En la actualidad, están en estudio en numerosos foros nacionales e internacionales una gran variedad de medidas anticorrupción mutuamente beneficiosas. Entre ellas, leyes nacionales para exigir a los diversos tipos de facilitadores de la corrupción, como los servicios de creación de empresas y los marchantes de arte, que cumplan los mismos trámites básicos de auditoría que ya se exigen a los bancos en muchos países. Instaurar registros de propiedad usufructuaria a nivel nacional también puede ayudar a reforzar las defensas contra el embate de flujos de dinero ilícito. La transparencia que proporcionan registros de propiedad usufructuaria a disposición del público como Companies House en el Reino Unido es fundamental para ayudar a las fuerzas del orden y los periodistas de investigación a sacar a la luz complejas redes de blanqueo de dinero y hará que a los cleptócratas les sea más difícil esconder sus activos robados utilizando sociedades instrumentales anónimas. Estos registros, además, serían una rica fuente de pruebas para los investigadores forenses y los fiscales que tuvieran que presentar sus casos ante un Tribunal Internacional Anticorrupción. Pero no son el fin sino un medio. La transparencia sin responsabilidad puede desmoralizar a la gente, porque aumentará la sensación de que la impunidad de los cleptócratas es inexpugnable.
La lucha global contra la corrupción no necesita marcos legales nuevos. Hay 187 países firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que les exige disponer de leyes para castigar diversas formas de corrupción, entre ellas el cohecho, el fraude y el desfalco. Otros elementos del panorama legal internacional contra la corrupción son la Convención Anticohecho de la OCDE y otros acuerdos regionales. Lo que claramente falta en la gobernanza mundial es un órgano que lleve a la práctica esa lucha contra la corrupción.
Tras el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, las democracias liberales crearon unas instituciones internacionales nuevas y ambiciosas para gestionar sus vulnerabilidades y sus responsabilidades. Una de las que no se crearon en ese periodo fue un tribunal internacional permanente para pedir cuentas a los criminales de guerra. Hubo que esperar a los 90 y el horror de los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda para tener la oportunidad de crear la Corte Penal Internacional.
No existe ninguna tragedia única que de pie a la creación de un Tribunal Internacional Anticorrupción. Lo que ha ocurrido es que el peso creciente de los grandes escándalos de corrupción y las asfixiantes crisis de la salud pública, las desigualdades económicas y el cambio climático han provocado protestas de los ciudadanos en numerosos países. Lo que incitó la Primavera Árabe, la Revolución de la Dignidad en Ucrania, las turbulentas secuelas de los Papeles de Panamá en toda Latinoamérica y muchos más movimientos de protesta fue, en el fondo, la corrupción. Después de la pandemia, el mundo va a entrar en un periodo en el que las finanzas públicas estarán sometidas cada vez a más presiones. Es el momento oportuno para una nueva institución internacional con ambición, un Tribunal Internacional Anticorrupción, que haga respetar el marco legal que ya existe.
El carácter transnacional de la cleptocracia permite que el Tribunal se establezca con un pequeño número de Estados fundadores, siempre que entre ellos estén varios núcleos financieros importantes y otros países en los que los cleptócratas suelen blanquear sus ganancias ilícitas, a través de las propiedades inmobiliarias y otros bienes de lujo. Aunque los cleptócratas afianzados no dejarán que sus países se incorporen al Tribunal, este tendrá jurisdicción suficiente para juzgarlos por los delitos que cometan en un Estado miembro.
Además, con el recurso a órdenes de restitución, el Tribunal tendría la capacidad de recuperar y repatriar los bienes robados a los países de origen. Si la repatriación a los gobiernos nacionales significa correr el riesgo de que los corruptos vuelvan a apoderarse de lo que han quitado, el Tribunal también tendría la potestad de reutilizar los bienes recobrados en beneficio de las sociedades perjudicadas. Por ejemplo, reasignando fondos a programas humanitarios en el país en cuestión, siempre que hayan superado una investigación, o a servicios de ayuda suministrados en otros países a refugiados de los países perjudicados. En Canadá, se ha presentado un proyecto de ley que autorizaría a su gobierno a reconvertir de esa misma forma los activos bloqueados de funcionarios extranjeros corruptos.
El principal punto débil de los cleptócratas es que dependen de complejas redes internacionales de abogados, banqueros, agentes inmobiliarios y otros proveedores de servicios. Poner la soberanía de los Estados interesados en común para establecer un Tribunal Internacional Anticorrupción es una de las mejores maneras de responder al intenso sentimiento anticorrupción de la opinión pública mundial y producir un gran cambio en el sistema internacional que permite la cleptocracia.
Dado que es un delito de cálculo, tanto los funcionarios corruptos como los facilitadores profesionales se lo pensarán antes de cometerlo si saben que pueden ser juzgados en un tribunal internacional y, en el mejor de los casos, perder sus bienes y la libertad para viajar a los Estados miembros sin arriesgarse a acabar detenidos y encarcelados. Los Papeles de Pandora ponen de relieve que los funcionarios codiciosos siempre buscarán la oportunidad de utilizar su poder público para enriquecerse, pero unas estructuras de gobernanza mundial mejoradas pueden disminuir enormemente sus posibilidades de conseguirlo.
El artículo original en inglés ha sido publicado en Global Governance Forum.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
