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Una mujer con una pancarta durante unas protestas en Madrid. (John Milner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Todo el mundo habla de ello, pero no todos entienden qué es y que no es. He aquí algunos ejemplos que ya se han puesto en marcha y un análisis de las diferencias entre cada uno.

Resulta especialmente digno de mención el hecho de que los partidos políticos de izquierdas no se opusieron con vehemencia al programa de renta mínima garantizada aprobado en junio. Los españoles estaban mayoritariamente a favor; lo aprobaba, según el Barómetro del mes de mayo del CIS, el 83,4%, lo cual es lógico si se tienen en cuenta las dificultades económicas causadas por la pandemia del coronavirus. Y que este programa va a sustituir a un sistema de protección muy desigual para las personas más vulnerables, cuya gestión estaba en manos de las comunidades autónomas.

Esta medida tan popular incorpora España al grupo de países que han experimentado con programas de ingresos mínimos o rentas básicas, en algunos casos universales y en otros, no. El propósito es reducir la pobreza y la desigualdad, pero estas políticas también reciben su buena dosis de críticas. La más habitual es que, si la gente recibe dinero por el mero hecho de estar viva, no querrá trabajar. Se trata de una crítica dirigida sobre todo contra los pobres. Pero hay buenas noticias: se han probado ya varios programas de este tipo en todo el mundo, lo que nos permite ver qué ha funcionado y qué no.

Universal y básica al mismo tiempo

Andrew Yang se dio a conocer y colocó la renta básica universal (RBU) en primer plano cuando se presentó como aspirante a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Aunque su campaña fracasó, su principal objetivo era iniciar una conversación nacional sobre esta política. Su propuesta es la más radical de todos los programas que vamos a ver aquí, y también la más sencilla: que el gobierno federal pague a todos los estadounidenses adultos 1.000 dólares al mes, más 500 dólares por cada hijo. Se trata de un plan universal, porque se incluye a todos los adultos, independientemente de su situación económica, y básico, porque todos reciben una cantidad de dinero fija y sin condiciones cada mes.

Por supuesto, el plan de Yang sigue siendo solamente eso, un plan. Pero varios estados de Estados Unidos y bastantes países más han puesto ya a prueba estas políticas. Irán es el que más cerca ha estado de poner en práctica un plan simultáneamente básico y universal. En 2011, el país implantó un programa nacional de transferencia de dinero para reemplazar al sistema de fuertes subsidios al gas y el pan. El volumen de transferencias era significativo, el 29% de la renta media de los hogares. Aunque, posteriormente, se redujo el programa por las quejas de que disuadía a la gente de buscar trabajo, un estudio de los economistas Djavad Salehi-Isfahani y Mohammad H. Mostafavi-Dehzooei llegó a la conclusión de que “el programa no repercutió de ninguna manera apreciable en la reserva de mano de obra”. De hecho, algunos trabajadores incluso prolongaron sus jornadas.

El experimento más antiguo en Estados Unidos es el de Alaska, que en 1982 empezó a distribuir los ingresos del petróleo. Todos los adultos residentes en el estado reciben un pago anual de entre 1.000 y 2.000 dólares del Fondo Permanente de Alaska, un fondo estatal que invierte los ingresos obtenidos con el crudo. Es decir, no se trata verdaderamente de una renta básica, puesto que no paga una cantidad fija de dinero, pero se aproxima mucho, dado que no hay condiciones de ningún tipo. Aunque dar dinero es particularmente “antiamericano” y abundan los reparos de que incita a la pereza, un estudio llevado a cabo por dos economistas, Damon Jones, de la Universidad de Chicago, y Ioana Marinescu, de la Universidad de Pennsylvania, llega a la conclusión contraria, con datos que demuestran que “el dividendo no tuvo efectos en el empleo, e incrementó el trabajo a tiempo parcial en 1,8 puntos porcentuales (17%)”. Es evidente que la cantidad está muy por debajo del dinero que necesita solo una persona para cubrir sus gastos durante un año.

Otro ejemplo de renta universal pero no del todo básica es el programa de 6.000 dólares de Hong-Kong, que se instauró en 2011 después de varios años de superávit presupuestario. Las autoridades dieron a los seis millones de adultos con documento de identidad permanente un pago único de 6.000 dólares de Hong-Kong. En 2018 hizo una segunda campaña, más limitada, con cheques de 4.000 dólares de Hong-Kong a aproximadamente un tercio de los ciudadanos, de nuevo tras haber tenido superávit.

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Una mujer en Minas Gerais con la tarjeta de Bolsa Familia en 2006. (VANDERLEI ALMEIDA/AFP via Getty Images)

Básica o casi básica pero no universal

Otros países han llevado a cabo experimentos mucho más reducidos de renta básica, con restricciones sobre los destinatarios del dinero. Finlandia ha sido objeto de gran atención internacional por el programa de prueba que comenzó en 2017 y duró un año. En dicho programa, 2.000 personas sin trabajo recibieron 560 euros al mes, durante todo el año, independientemente de que encontraran empleo o no. La idea era que la gente podría aceptar empleos mal remunerados o temporales si sabía que iba a seguir recibiendo el estipendio mensual. Al cabo de un año, los resultados eran ambivalentes. Un estudio realizado en la Universidad de Helsinki descubrió que el programa no había servido para animar a esas personas a buscar trabajo, pero sí había creado bienestar. El hecho de recibir dinero hizo que esas personas fueran más felices y confiaran más en la gente y las instituciones.

El programa Bolsa Familia de Brasil es el mayor plan de transferencias de dinero del mundo. En su modalidad actual, existe desde 2003, pero en realidad es heredero de los programas de ayuda a los pobres que existen en el país desde los 90. Las familias con una renta por debajo del umbral de pobreza, que está en 140 reales al mes, reciben una asignación mensual de 32 reales por hijo en edad escolar, hasta un máximo de cinco hijos. Se da preferencia a pagar a la mujer al frente del hogar, que puede retirar el dinero utilizando una tarjeta de débito. La llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro, que ha calificado a los beneficiarios del plan de “miserables ignorantes”, frenó drásticamente la inclusión de nuevos beneficiarios y canceló pagos a los que ya existían. En enero, The Economist informó de que “el número de familias protegidas cada mes por Bolsa Familia ha disminuido de 275.000 a menos de 2.500. El número de los que reciben prestaciones se ha reducido en 1 millón. El Gobierno dice que hay 700.000 personas en la lista de espera, pero ese cálculo está posiblemente por debajo de la realidad”.

Las ONG se hacen notar

En otros casos, han intervenido las ONG. El experimento de renta básica más amplio del mundo está llevándose a cabo en Kenia desde 2016. El proyecto, de 30 millones de dólares, está dirigido por la organización GiveDirectly, y ha entregado millones de dólares a aproximadamente 20.000 personas residentes en unas 197 aldeas. Para estudiar diferentes resultados, han dividido la prueba en cuatro grupos. El primero está formado por 44 aldeas que recibirán la renta básica a largo plazo, de 0,75 dólares por adulto y día, mensualmente durante 12 años. El segundo grupo recibe la renta básica a corto plazo, que se distribuye en 80 aldeas. Los pagos son los mismos, pero solo se prolongará dos años. El tercer grupo, formado por habitantes de 71 aldeas, recibirá un pago único equivalente a la cantidad total que recibe el grupo de renta básica a corto plazo y, por último, 100 aldeas constituyen el grupo de control. Los primeros resultados se prevén este año.

En mayo de 2019, una organización benéfica llamada Sanktionfrei (“libre de sanciones”) inició un programa experimental en Berlín. El programa escogió a 250 personas al azar que ya recibían prestaciones del gobierno. En Alemania, las prestaciones del Estado están sujetas a sanciones o reducciones si el beneficiario rechaza una oferta de trabajo o no asiste a cursos de formación. Estas 250 personas escogidas para el nuevo programa recibirán transferencias incondicionales de hasta 424 euros mensuales cuando las hayan sancionado; hay otras 250 personas que forman el grupo de control que también reciben prestaciones gubernamentales y a las que no se hará ningún pago.

Las empresas de Silicon Valley se suman al proyecto

En enero de 2016, la start up de Silicon Valley Y Combinator anunció el plan de llevar a cabo un programa experimental de renta básica y el estudio correspondiente en Oakland, California. A diferencia de los demás programas que hemos examinado, este tiene un propósito más concreto que la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su meta es compensar las pérdidas de empleo debidas a las innovaciones tecnológicas. El programa sufrió varios retrasos por la posibilidad de que los beneficiarios pudieran perder sus prestaciones actuales, pero en la actualidad están en la fase de inscripción. Otro experimento, respaldado por el cofundador de Facebook Chris Hughes, entre otros, se está llevando a cabo en Stockton, California. Los residentes de rentas bajas reciben 500 dólares al mes, sin ninguna condición, y después se sigue la pista de en qué se gasta el dinero. Hasta ahora, las prioridades han sido alimentos, ropa y servicios públicos.

Administrada por el gobierno, pero ni universal ni básica

A pesar de algunas informaciones confusas en la prensa, el nuevo programa de ingreso mínimo garantizado de España corresponde a esta categoría, puesto que está limitado a los más pobres y no es un pago fijo e incondicional, sino que varía en función de la situación laboral y familiar del beneficiario. Está en la línea de otros programas de países europeos cuyo objetivo es animar a la gente a trabajar y complementan trabajos muy mal remunerados o a tiempo parcial para que todo el mundo reciba una cantidad mínima garantizada.

En 2019, Italia instituyó un programa denominado Renta de Ciudadanía, para cumplir una promesa electoral del Movimiento Cinco Estrellas. Tienen derecho a él los solicitantes que sean italianos o ciudadanos de la UE que vivan en el país desde hace 10 años, que tengan una renta familiar inferior a 9.360 dólares al año y unos ahorros por debajo de 6.000. Una persona sola sin ingresos puede cobrar 780 euros al mes, y la cantidad se ajusta para las familias en función del número de hijos. Igual que el nuevo programa español, el plan italiano ofrece un complemento a personas con trabajos mal remunerados para que dispongan de unos ingresos que les permitan vivir.

España, Italia y Grecia, que puso en marcha su programa de ingreso mínimo en 2017, van retrasados respecto al resto de Europa. En 1992, la Comisión Europea demandó un ingreso mínimo de ámbito europeo, pero posteriormente lo redujo a una recomendación, ante el rechazo de varios Estados miembros. Francia se había adelantado a la recomendación, con su revenu minimum d’insertion, aprobado en 1988, y Portugal lanzó su programa en 1996.

Los programas de ingresos mínimos varían mucho entre unos países europeos y otros; todos los Estados miembros tienen algún tipo de plan, pero no todos tienen el mismo éxito a la hora de sacar a las personas de la pobreza. Recientemente, los ministros de España, Italia y Portugal han unido sus fuerzas para revivir las discusiones sobre un ingreso mínimo para toda la UE, una propuesta tan ambiciosa y compleja como el salario mínimo para toda la UE que la Comisión Europea sigue tratando de impulsar.

Es indudable que la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas van a seguir siendo incentivos para crear programas experimentales de rentas básicas y mínimas, tanto en países ricos como en pobres. Los responsables políticos deben tomar nota de los que funcionan y los que no, pero los ciudadanos, además, deben comprender mejor estos programas y políticas —sobre todo, qué son y qué no son—, para poder incorporarse a las conversaciones nacionales sobre qué es lo que se intenta lograr: incorporar a la gente al mercado laboral, reducir la pobreza y las desigualdades o prepararse para las nuevas pérdidas de empleo debidas a los avances tecnológicos.

 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia