En enero de 2020, el asesinato del jefe iraní Qassem Suleimani por parte de EE UU estuvo a punto de desbordar las tensiones entre los dos países. Al final, la reacción de Irán fue relativamente limitada y ninguna de las dos partes quiso que las cosas fueran a más, pero la temperatura de la situación siguió siendo peligrosamente alta. Quizá el nuevo gobierno estadounidense pueda calmar uno de los enfrentamientos sordos más peligrosos del mundo, especialmente si se reincorpora al acuerdo nuclear de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA en sus siglas en inglés). Sin embargo, hacerlo rápidamente, gestionar las relaciones con Arabia Saudí e Israel —ambos, feroces enemigos de Teherán— y emprender después negociaciones sobre cuestiones regionales más generales no va a ser nada fácil.
La actitud del gobierno de Trump respecto a Irán ha consistido en lo que llamaba la política de máxima presión. Es decir, retirarse del JCPOA e imponer duras sanciones unilaterales con la esperanza de extraer mayores concesiones en el programa nuclear iraní, disminuir su influencia en la región e incluso —esperaban algunos— derrocar al gobierno de Teherán. Las sanciones destruyeron la economía de la República islámica pero consiguieron poco más. Durante la presidencia de Trump, el programa nuclear iraní se ha reforzado, cada vez menos sujeto a los términos del JCPOA. Teherán posee misiles balísticos más precisos y más numerosos que nunca. La región ha estado más plagada de incidentes —desde el asesinato de Suleimani en territorio iraquí hasta los atentados contra objetivos energéticos saudíes, que muchos atribuyen a Teherán— que han estado a punto de desencadenar una guerra abierta. Nada hace pensar que el Gobierno iraní, pese a los brotes periódicos de descontento popular, esté en peligro de caer.
Incluso en sus últimas semanas en el poder, Trump ha insistido en su estrategia y ha impuesto más sanciones. El asesinato de un importante científico nuclear iraní, que se atribuyó a Israel, agudizó más las tensiones e hizo que Teherán amenazara con ampliar aún más su programa nuclear. Washington y algunos aliados parecen decididos a infligir todo el daño posible a Irán y limitar el margen de maniobra del gobierno entrante de Biden. Todavía existe el riesgo de enfrentamiento antes de que Trump abandone la presidencia, puesto que las milicias chiíes proiraníes están atacando a estadounidenses en Irak.
Biden ha indicado que va a cambiar la estrategia, se reincorporará al JCPOA si Irán vuelve a cumplir sus compromisos e intentará negociar un acuerdo sobre misiles balísticos y política regional. Teherán también ha dado a entender que está preparado para la mutua adhesión al acuerdo nuclear existente. Esta parece la vía más rápida y segura, aunque también numerosos obstáculos. Los gobiernos estadounidense e iraní tendrán que ponerse de acuerdo sobre los pasos que hay que dar entre el levantamiento de las sanciones y las restricciones nucleares y sobre qué sanciones habrá que levantar. El plazo del que se dispone para avanzar es corto, porque en Irán hay previstas elecciones presidenciales para junio y se prevé que va a ganar un candidato de la línea dura.
Ahora bien, si se reincorporan al JCPOA, el mayor reto será abordar las tensiones regionales y una polarización que, si se deja que esté cada vez más enconada, seguirá poniendo en peligro el acuerdo y podrá desencadenar una guerra. Los gobiernos europeos están estudiando la posibilidad de empujar a Irán y los Estados árabes del Golfo a entablar un diálogo para reducir las tensiones regionales y prevenir un estallido bélico inesperado; el gobierno de Biden podría apoyar ese intento con todo su peso diplomático.
