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Un grupo de personas de Donetsk y Lugansk, regiones del este de Ucrania esperan para cruzar el control y salir de las zonas bajo control de los separatistas prorrusos. (Andrey Borodulin/AFP/Getty Images)

Mientras las condiciones de vida empeoran y el alto el fuego sigue cobrándose víctimas, los habitantes de la zona de conflicto del este de Ucrania se sienten cada vez más abandonados por el Gobierno central. Lograr la reintegración de esta área exigirá la retirada de Rusia, pero mientras tanto Kiev puede y debe proteger mejor a los civiles y cumplir con las necesidades humanitarias.

¿Qué hay de nuevo? Los ucranianos de Donbás, la zona en conflicto del este del país, han entrado ya en el quinto año de una crisis humanitaria agravada por la intervención rusa, y también por las políticas del Gobierno de Ucrania. Muchos se quejan de que su país se ha olvidado de sus penalidades y de que el Estado ya no los quiere como ciudadanos.

¿Por qué importa? La retirada de Rusia es necesaria para que Kiev reintegre Donbás, pero no es suficiente. Solo si los civiles de la región, agotados por la guerra, se muestran convencidos de que su Gobierno valora su seguridad y prosperidad habrá opciones de que desempeñen un papel activo en esa reintegración.

¿Qué debería hacerse? Moscú y Kiev deben hacer más para proteger a los civiles, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y de los compromisos que establecieron bajo los Acuerdos de Minsk. Kiev puede mejorar sus posibilidades de lograr una reintegración pacífica si restablece el acceso a los subsidios, alivia las restricciones a la libertad de movimiento y comercio y compensa a los habitantes de Donbás por la pérdida de sus propiedades.

Cuatro años después de que los grupos armados respaldados por el Kremlin tomaran zonas de la región oriental ucraniana de Donbás, el proceso de paz se ha estancado y el conflicto prácticamente ha desaparecido de los titulares de la prensa mundial. Sin embargo, los ucranianos a ambos lados de la línea del frente de Donbás afrontan una crisis humanitaria y una creciente sensación de abandono por parte de Kiev y Moscú. Gran parte, si no la mayor parte, de la responsabilidad del conflicto recae en el Kremlin, sobre el que Kiev y sus socios internacionales tienen una influencia limitada. No obstante, el Gobierno central debe presionar, de todos modos, para revertir el aislamiento de los ciudadanos afectados por el conflicto: hace falta una estrategia para abordar sus necesidades que distinga claramente entre la población civil y los violentos y antidemocráticos líderes de las llamadas Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk. Algunos argumentan que este tipo de llamamientos cargan con la culpa a las víctimas; otros señalan que no es factible ayudar a los residentes de Donbás hasta que Rusia se retire. Sin embargo, una actitud proactiva frente a los ciudadanos afectados por el conflicto va en beneficio de Ucrania. Mostrando a estas personas que priorizan su seguridad y prosperidad, Kiev puede sentar las bases de un pacífico restablecimiento de su integridad territorial.

Aunque las hostilidades han disminuido desde su punto de máxima tensión alcanzado a principios de 2015, las condiciones de vida a ambos lados de la línea de contacto se han estancado o deteriorado. Más de un millón de los, aproximadamente, seis millones de personas que viven cerca de esta línea padecen inseguridad alimentaria; muchos se enfrentan a la pobreza, el desempleo y el riesgo de maltrato a manos tanto de los servicios de seguridad ucranianos como de los rebeldes a los que apoya el Kremlin. Cerca de 600.000 personas viven en asentamientos no seguros a ambos lados de la línea del frente, donde diariamente se ven expuestas a bombardeos, minas terrestres y fuertes restricciones a la libertad de movimiento y al acceso a los servicios básicos. En ambos lados, los civiles lamentan que una división que carece de una base cultural o política preexistente se haya convertido en una realidad ineludible.

El remedio más sostenible para la actual situación sería un acuerdo político que implique el desarme de las llamadas “repúblicas populares”, la retirada del material y personal militar ruso y el restablecimiento de la soberanía de Kiev sobre toda la zona oriental de Ucrania sin el uso de la fuerza. La presencia de fuerzas de paz podría contribuir a facilitar ese desenlace, pero casi un año de negociaciones no ha producido ningún progreso claro. Los funcionarios ucranianos, rusos, estadounidenses y europeos son pesimistas sobre las posibilidades de resolver el conflicto en un futuro inmediato. La alternativa más probable —la prolongación de una situación en la que las partes se dediquen a intentar avanzar en tierra de nadie entre las dos líneas del frente— exacerbará la crisis humanitaria.

Ucrania, Rusia y los grupos armados a los que este país respalda deberían trabajar para reducir la probabilidad de una crisis humanitaria prolongada, incluso aunque la consecución de un acuerdo político y la reintegración de Donbás parezcan perspectivas lejanas. Tendrían que cumplir con las disposiciones de seguridad a las que se comprometieron en los Acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, que incluían un alto el fuego total; la retirada de armas de gran calibre; la eliminación de obstáculos al seguimiento y verificación; el desminado coordinado; la entrega, almacenamiento y distribución segura de asistencia humanitaria y la retirada de fuerzas y material militar en áreas específicas. Sobre la base de los informes de la Misión de Vigilancia Especial de la OSCE (SMM, en sus siglas en inglés), deberían trabajar juntos para reducir la frecuencia y la gravedad de las violaciones del alto el fuego. Mientras tanto, también deberían programar la retirada de la infraestructura civil crítica cercana a la línea de contacto y su identificación, y minimizar los riesgos y restricciones para los civiles que cruzan la línea. El Consejo de Seguridad de la ONU, que ha respaldado muchas de estas medidas, debe reconocer que es poco probable que las partes den estos pasos sin una presión constante y concertada para hacerlo.

Pero además, Ucrania también necesita llevar a cabo una revisión exhaustiva de su tratamiento de los ciudadanos afectados por el conflicto. Desde 2014, Kiev, tanto en palabras como en hechos —incluyendo la restricción de la libertad de movimiento y del acceso a los subsidios y servicios estatales, la falta de consideración a la protección de los civiles y la ausencia de acuerdos creíbles para la amnistía—, ha tratado con demasiada frecuencia el asunto de la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos de Donbás y el de los intereses de Ucrania en su conjunto como si fueran mutuamente excluyentes. Algunas de las medidas de Kiev, como el establecimiento de trabas para obtener pensiones, también han contradicho la ley ucraniana. Como resultado, muchos en Donbás, incluidos aquellos que se describen a sí mismos como patriotas ucranianos, se sienten abandonados por el Gobierno central. “Nadie nos quiere” se ha convertido en una frase común. Y, sin embargo, pocos funcionarios de alto nivel están dispuestos a responsabilizarse o a responder a este coro de desesperación, que menosprecian tachándolo de producto de la propaganda hostil o de opiniones prorusas.

Los últimos meses han traído algunos tímidos avances: en septiembre, el Tribunal Supremo de Ucrania declaró ilegales los límites que el Gobierno impuso en 2016 al acceso a las pensiones para los residentes de la zona de conflicto, lo que obligó a Kiev a restablecer los pagos a miles de ciudadanos. Muchos funcionarios aseguran que es improbable que Kiev dé giros radicales a su estrategia, especialmente cualquier cambio que acarree costes claros a corto plazo, con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2019 en el horizonte. Pero independientemente de los costes a corto plazo de garantizar los derechos de todos los ucranianos, los costes a largo plazo de no hacerlo, tanto financieros como en términos de cohesión nacional, probablemente sean mayores.

Los partidarios de Ucrania en Occidente han rebajado la intensidad de sus críticas a la gestión del Gobierno ucraniano en la región por temor a reforzar las quejas del Kremlin y de los separatistas de que está decidido a pisotear los derechos de la gran población de habla rusa del este de Ucrania. Al margen de que estas afirmaciones estén o no fundadas, Kiev se arriesga a otorgarles credibilidad, y sus partidarios deberían manifestarlo en voz alta. Francia y Alemania, junto con Estados Unidos, siguen abiertamente comprometidos a acelerar la implementación de los Acuerdos de Minsk y, por lo tanto, deben insistir en políticas inclusivas que ayuden a sentar las bases de ese resultado.

En particular, Kiev debe cumplir con sus obligaciones respecto a las pensiones, intensificar los esfuerzos para proteger a los civiles y reconocer sus quejas legítimas; además de darles respuesta. Si bien el Gobierno central tendrá que liderar, la comunidad internacional puede y debe alentar y apoyar. Habrá grandes obstáculos en el camino hacia la reintegración de Donbás, pero la batalla por los corazones y las mentes de los ciudadanos afectados por el conflicto es una lucha que Kiev no se puede permitir perder, y que puede comenzar a ganar hoy.

El artículo original ha sido publicado en International Crisis Group. 

 

Traducción hecha por Natalia Rodríguez.