Pese a los avances en justicia transicional, las matanzas de líderes sociales y la posibilidad que se reanuden las controvertidas fumigaciones sobre cultivos de coca ponen más en peligro el Acuerdo de Paz.

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Manifestación de protesta contra el asesinato de líderes sociales en Colombia. Vanessa Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), institución creada como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, ha visto su trabajo muy criticado por parte de algunas poderosas facciones políticas, acusándola de tener una agenda oculta orientada a absolver a ex líderes de las FARC y enviar a prisión a altos mandos militares.

Las investigaciones llevadas a cabo por la JEP son, sin embargo, un gran éxito para el Acuerdo de Paz y su implementación, y han sido internacionalmente aplaudidas en las últimas semanas. Pero la mayor parte del ala más a la derecha del Centro Democrático, el partido que gobierna Colombia, ha estado presionando para cortar sus fondos y complicar la implementación del Acuerdo.

Fundada en el principio de la justicia transicional, la JEP trabaja sobre la base de que se reconozcan las responsabilidades por crímenes cometidos en el pasado y establecer sentencias alternativas. Esto puede significar que personas poderosas –políticos, empresarios y terratenientes– puedan sentirse amenazados debido a que las investigaciones de este tribunal podrían revelar sus conexiones pasadas, tanto con la represión oficial como no oficial contra sindicalistas, campesinos, políticos y civiles en nombre de combatir a las FARC.

El investigador Ariel Avila de la Fundación Paz y Reconciliación indica que “en la medida que la justicia transicional avance (…) las víctimas estarán más en peligro. A medida que exguerrilleros, exmilitares, parapolíticos, comiencen a contar las verdades tendrán que ir delatando a quienes los apoyaron, quienes se beneficiaron de la guerra, gente, que generalmente está en la legalidad”.

 

Secuestros y violaciones de derechos humanos

Recientemente la JEP ha acusado a siete líderes de las FARC por haber promovido el secuestro como práctica sistemática de esa organización, sometiendo a las víctimas a violaciones de derechos humanos. También anunció que investigará y procesará a las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, por crímenes de guerra. El Ejército colombiano habría ejecutado al menos a 6.402 civiles inocentes contabilizándolos como guerrilleros (práctica conocida como falsos positivos) para dar la impresión de que se ganaba la guerra a las FARC.

El 78% de esos crímenes se cometieron entre 2002 y 2008, cuando era presidente Álvaro Uribe, popular líder político de la derecha. Uribe y sus seguidores, el sector político conocido como el uribismo, han sido críticos de la JEP desde su creación en 2017.

Esto ha llevado a que en su reciente informe de 2020 la Oficina de la ONU de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos exprese su preocupación por “la persistencia de pronunciamientos públicos que cuestionan la idoneidad delas instituciones del Sistema Integral y sus funcionarios, y los proyectos de ley paraderogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ”. El Sistema Integral está formado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.

Los obstáculos a la JEP y al conjunto del Acuerdo de Paz ha quedado también en evidencia en los informes de seguimiento que regularmente realizan 14 senadores del Congreso colombiano, liderados por la senadora Juanita Goebertus (del partido Alianza Verde).

Los principales objetivos que combaten los uribistas son la reforma del sector rural, la erradicación voluntaria de los cultivos de coca y el funcionamiento de la justicia transicional, todos compromisos que el Estado asumió con el Acuerdo de Paz.

El Acuerdo prevé la reforma del sector rural debido a la propiedad desigual de la tierra, y devolver sus tierras a miles de campesinos desplazados por la violencia. También se pactó impulsar la erradicación voluntaria de los cultivos de coca junto con el fortalecimiento político de las comunidades locales.

Pero las élites rurales se oponen firmemente a estas acciones. El Estado, entre tanto, se encuentra en gran parte ausente en las áreas rurales conflictivas. Esto ha contribuido al aumento de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y ahora los asesinatos de líderes sociales y excombatientes guerrilleros de las FARC. El presidente de la JEP afirmó recientemente que “cada 41 horas es asesinado un líder social” y, según un informe de CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones, estos asesinatos son cometidos por sicarios, disidentes de las FARC, crimen organizado, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas.

Pero la mayoría de los casos no están resolviéndose y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que casi todas las investigaciones gubernamentales se centran en los autores materiales del crimen, no en quienes dieron la orden. La organización Human Rights  Watch, que ha publicado recientemente un informe sobre los falsos positivos, afirma que, debido a tales deficiencias estatales, las investigaciones y los enjuiciamientos se enfrentan a obstáculos importantes, en particular con respecto a los "autores intelectuales" de muchos asesinatos.

 

Comunidades rurales bajo presión criminal

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Roberto Casallas, ex agricultor de coca, lleva a cabo el proceso de sustitución de cultivo. Juancho Torres/Anadolu Agency/Getty Images

Desde 2016 hasta diciembre pasado han sido asesinados 513 defensores de derechos humanos y 248 excombatientes de las FARC, según la OHCHR. Muchos de los asesinados habían aceptado el Acuerdo de Paz, comprometiéndose con sus comunidades a dejar de cultivar coca, recibir ayuda económica del Estado y dedicarse a la producción de otros bienes. Pero el gobierno de Iván Duque congeló ese programa alegando falta de fondos.

La reforma rural, de hecho, es el punto menos cumplido del Acuerdo de Paz. Esas comunidades y otras se encuentran, entre tanto, presionadas por el crimen organizado y guerrillas para cultivar coca. Según International Crisis Group, “la inseguridad en el campo colombiano ha empeorado constantemente en los últimos años como resultado de la competencia entre grupos armados, y entre éstos y los militares. Más erradicación, y potencialmente la fumigación aérea, podrían intensificar la violencia al empujar a los agricultores a las garras de los grupos armados, sin lograr detener la replantación de coca”.

Colombia es el primer productor mundial de coca. El gobierno de Duque considera que los programas de cultivos alternativos no dan resultado. Empujado por la Administración de Donald Trump, y el riesgo de que Washington recortara ayudas y pusiera a Colombia en la lista de países que no cumplen con los compromisos contra el narcotráfico, el Ejecutivo decidió reiniciar la fumigación como método de eliminación rápida de los campos de coca junto con operaciones de estabilización militar-civil en algunos de los territorios conflictos.

En 2015 la Corte Suprema suspendió la fumigación por considerarla nocivo para el medio ambiente y la salud humana y animal. Duque quiere que se levante esa restricción. Para las comunidades campesinas e indígenas la fumigación es otro incumplimiento del Acuerdo de Paz, y las operaciones de estabilización tienen un contenido excesivamente militar. En consecuencia, se plantean resistir a las dos medidas. Diversos expertos consideran, además, que la fumigación es ineficaz y un mal sustituto para la falta de Estado.

Ahora, con el cambio de administración en EE UU, el presidente Joe Biden ya ha expresado interés en la protección de los derechos humanos y parece menos probable que apoye el reinicio de la fumigación, así como cualquier resistencia del Gobierno colombiano al Acuerdo de Paz. Los demócratas de la administración de Barack Obama y el Congreso apoyaron la negociación y aprobación del Acuerdo de Paz, y muchos de ellos están ahora en puestos claves en la administración Biden.

El problema para Duque y Uribe será encontrar el equilibrio entre sus preferencias políticas partidistas contrarias al Acuerdo de Paz con la necesidad de mantener los lazos militares, estratégicos y económicos que Colombia tiene con Washington.

Este artículo fue originalmente publicado por el instituto Chatham House (Londres) con el título Power Rivalries Put Pressure on Colombia’s Peace Treaty.