Venezuela volvió a empeorar en 2017, en la medida en que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió arruinando al país mientras reforzaba aún más su poder político. La oposición ha implosionado. Las posibilidades de restauración pacífica de la democracia parecen cada vez menores. Con la economía en caída libre, Maduro se enfrenta a unos problemas inmensos. La crisis humanitaria se agravará en 2018, a medida que el PIB continúe su contracción.
A finales de noviembre, Venezuela declaró el impago de parte de su deuda internacional. Las sanciones hacen que la reestructuración de la deuda sea casi imposible. El aumento de la ayuda rusa no va a ser suficiente y China parece reacia a rescatar a Maduro. El impago general podría provocar la incautación de los bienes venezolanos en el extranjero, lo cual repercutiría en las ventas de crudo, que constituyen el 95% de los ingresos por exportaciones del país.
Las manifestaciones callejeras y los enfrentamientos que dejaron más de 120 muertos entre abril y julio remitieron tras la elección de una Asamblea Nacional Constituyente compuesta exclusivamente por aliados del Gobierno. Las elecciones posteriores a gobernadores de los estados y alcaldes produjeron grandes derrotas de la oposición, en medio de disputas sobre si participar o no. Pero la escasez de alimentos, el colapso del sistema de salud y el increíble aumento de los crímenes violentos hacen que sigan existiendo motivos para el malestar.
Aunque los políticos de la oposición creen que las elecciones presidenciales, previstas para finales de 2018, son una oportunidad para la intervención extranjera, no parece probable que el Gobierno permita unos comicios limpios. Tal vez convoque elecciones anticipadas, antes de que a sus adversarios les haya dado tiempo a prepararse, y utilice las mismas tácticas represivas que ha usado para ganar elecciones locales y regionales. Si la oposición empieza a dar señales de recuperación, Maduro puede afirmar que las amenazas externas le obligan a declarar el estado de emergencia y así tratar de evitar las elecciones por completo. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que el partido gobernante se divida por quién va a suceder al presidente; sin un mecanismo oficial para decidirlo, el árbitro sería seguramente el Ejército. Mientras tanto, el debilitado Estado venezolano seguirá siendo el refugio ideal para redes criminales y para el blanqueo de dinero, el narcotráfico y el tráfico de personas, para la inquietud creciente de los países vecinos.
El pronóstico para 2018 es más deterioro, emergencia humanitaria y un éxodo cada vez mayor de venezolanos. Serán necesarias presiones constantes desde dentro y fuera del país —así como garantías de inmunidad en el futuro— para empujar al Gobierno hacia unas elecciones presidenciales creíbles.
Este artículo forma parte del especial Las guerras de 2018
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
