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El presidente de EE UU, Donald Trump, espera antes de una cena con los líderes latinoamericanos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Un régimen democrático presume de que, como mínimo, los ganadores de las elecciones cumplan las promesas que expusieron durante la campaña electoral. Por supuesto, si bien la democracia en ese caso es también un elemento fundamental para el diseño de una política exterior, no es el único. Se requiere, además, de un realismo estratégico. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha seguido ese criterio democrático (pero no uno estretégico) en su diseño y ejecución de las políticas hacia América Latina.

 

Democracia, Trump y política hacia América Latina

Por primera vez en este siglo, apareció América Latina en un lugar estelar durante una campaña presidencial en EE UU, la de Donald Trump en 2016. En aquel momento, el candidato republicano, expresó su alarma frente a una supuesta invasión de Estados Unidos por migrantes mexicanos indocumentados, a muchos de los cuales tildó de criminales peligrosos. También anunció que cancelaría el acuerdo de libre comercio de América del Norte (conocido por sus siglas en inglés, NAFTA), o que lo sustituiría por otro mejor para los estadounidenses. Para él, NAFTA era el peor acuerdo comercial firmado en la historia de su país.

Durante esa campaña Trump criticó a los expresidentes George W. Bush y Barack Obama por sus intentos de promover cambios de regímenes políticos en favor de la democracia en el Oriente Medio y redujo sus referencias a Cuba, que solo fueron una nota al pie en el contexto electoral en el estado de la Florida.

Si bien es verdad que Trump, durante estos años en la presidencia, ha cumplido con sus promesas de campaña dando prioridad a cuestiones como el comercio y la inmigración. En ese aspecto, su comportamiento presidencial ha cumplido un requisito clave de la democracia y ha respondido al electorado que lo eligió. En la actualidad, al prepararse para su reelección, recurre, una y otra vez, a los temas de comercio e inmigración y le recuerda a su público que cumplió lo prometido y que sigue insistiendo en estas cuestiones.

 

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Un grupo de migrantes procedentes de diferentes países centroamericanos esperan en Casa del Refugiado en El Paso. (PAUL RATJE/AFP/Getty Images)

Algunas realidades de las relaciones interamericanas en migración y comercio

Desde el primer día de su presidencia, Trump pudo haberse declarado victorioso en la cuestión migratoria. El número de capturas de indocumentados al cruzar la frontera fue de 1,8 millones en 2000, 1,3 millones en 2005 y 530 mil en 2016. El presidente pudo haber elogiado a México en particular ya que el número de capturas de mexicanos indocumentados descendió de un millón en 2005 a 266 mil en 2016. Hay en 2016 un millón menos de mexicanos indocumentados en Estados Unidos de los que hubo en 2010, debido a repatriaciones, deportaciones y, sobre todo, al descenso de los flujos migratorios. Durante la década actual, la migración mexicana anual (neta) a Estados Unidos ha sido cero. La cuestión es que el problema de migración indocumentada mexicana estaba ya en vías de resolución antes de llegar Trump a la presidencia. ¿Qué explica esa dramática reducción? Hay varias causas, pero una es fundamental. En 1970, una mujer mexicana entre 40 y 44 años de edad tenía 6,3 hijos; en 2010, solamente 2,9. En 2007, la tasa de fertilidad en México cayó por debajo de la de reproducción demográfica (2,1) y se ha mantenido a este nivel. Quienes no nacen, no emigran.

Sin embargo, el problema migratorio centroamericano se ha agravado. Huyen de la violencia criminal, la pobreza y la corrupción, frecuentemente en grupos familiares. Muchos se quedan ya en México, que pasa de país emisor a país receptor de migrantes. En 2010, en el cruce de frontera rumbo a Estados Unidos, hubo 101 mil capturas de indocumentados provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras; ese número llegó a 225 mil en 2016. La agudizada crisis centroamericana aceleró esta migración, con aproximadamente 63 mil capturas por mes al cruzar la frontera en lo que va del año fiscal estadounidense en 2019 (con un aumento a 144 mil en mayo de 2019).

NAFTA, inclusive visto desde la óptica de Trump, ha sido un éxito para Estados Unidos. El presidente dice querer promover las exportaciones estadounidenses y fortalecer la industria en EE UU. El tratado impulsa dichas exportaciones hacia sus vecinos. En 2018, las exportaciones de Estados Unidosa México fueron de un valor casi seis veces superior al del año anterior a que entrara en vigor el acuerdo. Comparativamente, en 2018 el valor de estas a su vecino mexicano fue más del doble del valor de las enviadas a China, más de cuatro veces el valor de sus exportaciones a Alemania y más de veinte veces a España. Además, NAFTA ayuda a salvar a diversos sectores manufactureros de Estados Unidos (especialmente automóviles) frente a la competencia europea, japonesa y china, gracias a la producción industrial que México, Canadá y EE UU comparten, reduciendo costes y facilitando eficiencias. Teniendo en cuenta estos datos, los deseos de Trump se están cumpliendo.

 

Las respuestas de Trump

La respuesta del presidente a la crisis migratoria centroamericana ha sido cancelar la ayuda económica y social de Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo que agudiza la misma crisis que genera los flujos migratorios. Por otra parte, el Gobierno estadounidense ha cerrado su oficina consular en La Habana, que ha provocado que se interrumpa la relación migratoria legal estable que existía desde 1995, y ha generado un nuevo flujo de migración cubana indocumentada. Miles de estos esperan al borde de la frontera de México con EE UU su momento para ingresar. Estas medidas tomadas por la presidencia de Trump son contrarias a los propios intereses del país.

México, por el momento, ha reducido notablemente la migración de sus nacionales a Estados Unidos, ha ampliado su aceptación de centroamericanos que ya no cruzan rumbo al Norte, ha aumentado el número de deportaciones de centroamericanos (50.000 en lo que va de año) que violan las leyes nacionales y ha aceptado albergar en su suelo a los centroamericanos en espera de presentar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, no ha recibido aplausos por todo esto. Al contrario, en junio de 2019, Trump anunció la imposición de aranceles punitivos al comercio entre México y Estados Unidos, y a los pocos días postergó su aplicación por 45 días más, en espera de que el Gobierno mexicano logre hacer lo que ya había prometido que haría hace meses. El presidente persiste en su conflicto migratorio con México, sin encarar las propias realidades en América Central.

De esa manera, el presidente Trump pone en peligro uno de sus pocos logros en política exterior, es decir, la renegociación y firma de un nuevo acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos para sustituir a NAFTA. El nuevo tratado incorpora elementos positivos del acuerdo comercial transpacífico, que Trump decidió abandonar al comienzo de su presidencia. Además, es más proteccionista que NAFTA, en particular con relación a los automóviles y otros vehículos y posee una fecha límite de la que el anterior tratado carecía. Estas nuevas cláusulas generan incertidumbre y dificultan las relaciones comerciales en el sector automotriz, pero son un mal menor ya que permite que NAFTA sobreviva en su esencia. El Senado de México ratificó el acuerdo el 18 de junio, pero el Parlamento canadiense está por hacerlo y la Cámara de Representantes de EE UU no ha fijado fecha para discutir la posible ratificación.

La propuesta de Trump de imponer aranceles como represalias migratorias, aunque postergada su aplicación, puede torpedear el funcionamiento de este nuevo acuerdo comercial. Esta forma de proceder provoca que gobiernos, empresas, inversionistas, comercios y bancos desconfíen del nuevo tratado, ya que el presidente Trump insiste que él puede, unilateralmente, cancelar su aplicación, inclusive por razones ajenas al mismo acuerdo comercial. ¿Por qué, entonces, depender de un tratado con Estados Unidos si el presidente puede cancelarlo por mero capricho?

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Un mecánico arregla en un coche en la Habana, Cuba, tras haber sido activado el Capítulo III de Helms-Burton. (YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

La principal nota discordante entre la campaña de Trump en 2016 y los sucesos de su presidencia se refiere a su política frente a lo que su asesor de seguridad nacional ha tildado de la “troika de las tiranías,” es decir, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Figuraron poco durante la campaña presidencial y aparecieron, casi exclusivamente, en el estado de la Florida. Ya en 2019, un cambio de régimen político en Venezuela, que sufre bajo un dictador que es inepto para toda tarea gubernamental excepto su supervivencia, se ha convertido en un asunto prioritario de la política exterior de Trump, quien se niega a descartar la opción militar. La política hacia Cuba ha girado bruscamente también en 2019 cuando se autorizó la aplicación del Capítulo III de la ley conocida como Helms-Burton, por sus auspiciadores iniciales. La aplicación de ese capítulo había quedado suspendida semestralmente por los presidentes Clinton, Bush, Obama y Trump – hasta abril de 2019. El Capítulo III permite que las empresas o personas, o sus descendientes, que sufrieron expropiaciones no compensadas en Cuba a partir de 1959, puedan demandar en los tribunales de justicia de Estados Unidos a las empresas de terceros países que estén “traficando” con aquellas propiedades expropiadas en Cuba. Si bien esos trámites judiciales durarán tiempo y requerirán decisiones de la Corte Suprema, su mera autorización provoca nuevos conflictos en las relaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países, España en particular, cuyas empresas operan en Cuba.

Esta nueva fuente de conflictos ocurre en el mismo instante en que Estados Unidos busca el apoyo europeo, canadiense y latinoamericano para hacerle frente a la crisis en Venezuela. Esta nueva modalidad en la política estadounidense hacia Cuba, por tanto, dificulta su política hacia Venezuela, en particular en una coyuntura en que hasta el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, expresa dudas sobre la efectividad de la oposición venezolana frente a Maduro. Una política sensata de Estados Unidos hacia el Gobierno de Maduro requiere fortalecer una coalición internacional y pedir, entre otras, la participación de Cuba para que propicie una salida.

Trump cumple sus promesas de campaña electoral con relación al comercio y la migración, y las utiliza en su búsqueda de apoyo popular para su reelección. El presidente rompe con sus promesas al buscar un cambio de régimen político en Venezuela y adopta una política hacia Cuba no anunciada. El hilo que conecta estos aspectos de su política hacia América Latina es la incoherencia estratégica. Las represalias contra tres países centroamericanos por razones migratorias son contraproducentes porque generan mayor emigración centroamericana; la posible aplicación de otras represalias migratorias a México amenaza con destruir, o debilitar, el valioso acuerdo comercial en América del Norte. La incertidumbre que Trump ha creado en el seno de la relación México-EE UU es contraria a los intereses políticos y económicos estadounidenses. Su política hacia Cuba, que también genera más migración ilegal, es también adversa a la construcción de una concertación internacional para resolver la crisis en Venezuela. En nombre de cumplir con las promesas que hizo a su electorado, el presidente Trump ha construido una política exterior hacia América Latina contraria a lo que él, supuestamente, desea y es adversa a los intereses de su país.