Los Acuerdos de Paz crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el que destaca la Jurisdicción Especial para la Paz. Cinco años después de su aprobación, las personas afectadas por el conflicto armado se sienten revictimizadas.
Alfamir Castillo ha perdido la cuenta de las veces que ha sido amenazada por llevar ante la justicia a los responsables de matar a su hijo, a quien hicieron pasar por guerrillero fallecido en combate. Así arrancaba la entrevista realizada a esta mujer colombiana en 2013, en la ciudad de Cali. Entonces ya había logrado que cinco soldados y dos superiores fueran condenados a más de 40 años de prisión por un caso de lo que se conoce en Colombia como "falsos positivos", el asesinato de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos a manos del Ejército.
Los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del que forman parte varias instituciones que se vislumbraron clave para la nueva etapa que se abría en el país después de décadas de violencia.
Alfamir Castillo sigue hoy sumando amenazas, mientras los militares condenados por el asesinato de su hijo, Darvey Mosquera, están en la calle. Por cuestiones de su seguridad no ha sido posible contactar con ella en esta ocasión. Nuevamente y por mera protección, su paradero es desconocido. “¿Cómo es posible que mientras yo tenga que esconderme para proteger mi vida, los militares que asesinaron a mi hijo estén libres, tras someterse a la justicia transicional? Uno se hace una cantidad de preguntas de las que no tengo respuestas”, afirmó el pasado mes de agosto al diario El Espectador.
El Sistema Integral está compuesto por tres organismos principales: la Comisión de la Verdad, un sistema extrajudicial y de carácter temporal para conocer lo ocurrido en el conflicto y contribuir al esclarecimiento de los hechos; la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que varían según las fuentes entre las 54.000 y las 120.000; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta tercera herramienta judicial, pensada para un período máximo de 20 años, tiene por mandato administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco de la contienda armada. “Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, apunta la institución judicial en su web.
La historia de Alfamir Castillo tiene réplicas. Luz Marina Bernal sufre una situación similar. Su hijo también fue víctima de una ejecución extrajudicial en 2008. A pesar de padecer diversidad funcional, su cuerpo fue mostrado como el de un jefe guerrillero. La justicia ordinaria condenó a seis militares de diferente rango y la lucha de Luz Marina Bernal logró que el asesinato de Fair Leonardo Porras fuera “el primer caso de falso positivo reconocido como crimen de lesa humanidad”. Hoy Bernal se encuentra desmoralizada. Y lo cuenta con su hermosa mirada, a ratos verde, a ratos azul, atrapada en la tristeza. Los asesinos de su hijo ahora están en la calle.
Los Acuerdos de Paz, ratificados el 24 de noviembre de 2016 por el Senado y por la Cámara de Representantes tras las modificaciones introducidas a raíz de la negativa ciudadana en referéndum, adoptaron con la introducción de la JEP una herramienta histórica. “Es la primera vez que las partes en un conflicto armado acuerdan que los crímenes cometidos por todos, incluyendo los de los negociadores mismos de la paz, serán juzgados y sancionados”, escribe Claudia Medina Aguilar en la revista Cuadernos de estrategia, del Ministerio de Defensa de España.
El espacio de las víctimas
La Jurisdicción Especial para la Paz busca resarcir a las víctimas, explica Medina, principalmente con sanciones alternativas no carcelarias o con penas de prisión limitadas a entre cinco y ocho años, solo mayores para los culpables que no asuman los hechos. Como desgrana el periódico colombiano El Tiempo, la posibilidad de obtener la libertad inmediata si están presos y de lograr penas más bajas está haciendo que muchos militares acudan a la JEP, donde las penas por ejecuciones extrajudiciales no superan los ocho años si se confiesa la verdad y si se cumple la restauración, mientras que en la justicia ordinaria pueden llegar a los 50 años.
“Si tienes una condena y dices que vas a contribuir a la verdad, algo que curiosamente no hiciste en 35 años, la condena se suspende, se va al limbo, prácticamente ya no existe”. Desde Bogotá, el equipo jurídico de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia, dhColombia, formado por cuatro letradas, además de otras asesoras y apoyos puntuales externos, lleva unos 120 casos a lo largo y ancho del país, muchos de ellos relacionados con masacres y homicidios. La abogada Alejandra Gallo es la que menos habla durante la entrevista con parte del equipo, pero la contundencia de sus palabras corrobora la visión crítica de la organización con la justicia transicional que opera en el país.
Sentada en una sala de reunión junto a sus compañeras Alejandra Garzón y Martha Castillo, Gallo habla visiblemente afectada por un tema que la atraviesa: “Cuentan su verdad, pero no se vincula a las víctimas. ¿Y qué verdad cuentas sin las víctimas? Les dan los beneficios y la opción de que cuenten cuál va a ser su verdad, mientras las víctimas no tienen la posibilidad de contrastar esta verdad. Ellas tienen un espacio muy limitado”.
Una crítica similar formula Adriana Benjumea, abogada feminista y directora de la Corporación Humanas Colombia. Desde otra oficina en la capital de Colombia, explica que “el modelo está basado en la versión de los comparecientes y se hace sobre su relato, mientras la participación de las víctimas está ahogada”. Reconoce además que muchas víctimas no quieren hablar por temor a que las maten. “En la lógica del modelo dialógico de la reconciliación, la voz que se sacrifica es la de las víctimas”, lamenta.
Situada en el centro del nuevo panorama político y social colombiano, la JEP recibe alabanzas y críticas por igual. “El caso de Fair Leonardo llegó casi a un feliz término, pero los Acuerdos de Paz nos juegan una mala pasada”, explica Luz Marina Bernal. “Cuando todos los militares empiezan a enlistarse para decir su supuesta versión, lo que hace la Jurisdicción es dejar en libertad a todos los militares implicados en los crímenes de Estado. Me ha desmoralizado completamente porque la Jurisdicción no avisó a las víctimas de que los militares iban a quedar en libertad y eso puso en riesgo nuestra vida. Si los militares nos querían callar, divinamente pudieron habernos asesinados”, continúa la defensora de derechos humanos.
6.402 casos. El conteo oficial de falsos positivos por parte de la JEP es una de las acciones que más controversia ha despertado en el país. Y la cifra solo tiene en cuenta lo sucedido entre 2002 y 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. El expresidente, contrario a los Acuerdos de Paz y muy crítico con la JEP y su juicio a militares, ha pedido pruebas de los más de 6.000 casos. Mientras, organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional (TPI) han alabado el trabajo de la Jurisdicción. “Está marcando una diferencia real en la vida de tantas personas en Colombia porque es una base fundamental para la paz y la rendición de cuentas”, ha dicho recientemente el fiscal del TPI, Karim Khan.
“La JEP adopta una fórmula que conjuga elementos retributivos, como la cárcel y la restricción efectiva de la libertad, con sanciones restauradoras y reparadoras, como el desminado, la sustitución de cultivos ilícitos o la participación en programas de reparación a campesinos desplazados”, escribe el equipo de estudios jurídicos y sociales Dejusticia. “Una de las innovaciones de la JEP es la manera como combina justicia retributiva y justicia restaurativa, con lo cual supera, al menos en su diseño, otros arreglos transicionales”, subrayan en el artículo los juristas Rodrigo Uprimny y Diana Isabel Güiza.
Revictimización
Es 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. La Arquidiócesis de Cali acoge la entrega a la JEP del informe ‘Desaparición forzada en Buenaventura. Dignificar las vidas negras y la lucha de las mujeres’, elaborado por la asociación Madres por la vida de Buenaventura y por la Fundación Nydia Érika Bautista (FNEB). Una veintena de mujeres negras de la ciudad de Buenaventura se ha desplazado hasta la capital del Valle del Cauca para pedir a la Jurisdicción que investigue las desapariciones, los asesinatos, la violencia sexual y los desplazamientos que viven las comunidades negras.
Fabiola Rodríguez Salazar, que sufre desplazamiento forzado, vio cómo asesinaban a su hijo. Con entereza y serenidad exige justicia a la delegación de la JEP, encabezada por la magistrada Reinere Jaramillo, que escucha los testimonios de las víctimas durante las cuatro horas que dura el acto. Las abraza con sus palabras y también con su cuerpo. “Mi corazón se arruga después de escuchar su valentía. Es un honor estar aquí hoy. Queremos poder hacer justicia en el marco de nuestro mandato. Es nuestra obligación. La guerra nos ha querido paralizar, pero ustedes están contando al país y a la JEP que no están paradas”, expone emocionada la jueza.
Buenaventura concentra uno de los puertos más importantes del país junto con una población con altas tasas de empobrecimiento y violencia. La entrega del informe finaliza con unos cánticos finales y con unas alabanzas, en las que Jaramillo participa ya sin la toga de rigor. Laura Rosa Vélez, integrante de la junta directiva de Madres por la vida, se queda satisfecha: “Se vio un talento humano con esta magistrada. Siempre tenemos esperanza”.
Pero, como en todo lo relativo a la JEP, también aquí hay un pero. Hace meses que la Jurisdicción otorgó medidas cautelares para proteger al estero San Antonio, un terreno húmedo y pantanoso aledaño al océano Pacífico. Se supone que bajo sus aguas yacen decenas de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, pero la medida aún no es efectiva y las continuas obras de dragado del puerto amenazan con destrozar esta especie de fosa común acuática.
Alejandra Garzón, abogada de dhColombia, aclara esta doble cara de la JEP: “Si leemos legalmente la jurisprudencia y las sentencias que ha sacado durante los dos años que lleva conciliando, aparece un hermoso sistema porque realmente la centralidad fundamental de las decisiones que toman recae en las víctimas, que tienen una participación directa y efectiva dentro de todas las diligencias. Pero en términos reales eso nunca sucede”.
La pregunta es obligada: ¿los Acuerdos de Paz han empeorado la justicia para las víctimas? “Lamentablemente, sí”, responde sin dudar la también integrante de dhColombia Martha Castillo, que apunta al contexto político: “El Gobierno dijo que iba a volver el acuerdo trizas y efectivamente el acuerdo se hizo trizas en cuanto a su aplicación. Lo que hicieron es desastroso”. Durante su campaña electoral a la presidencia en 2018, Iván Duque, muy cercano al expresidente Uribe, se mostró contrario a unos Acuerdos de los que restan muchas partes por implementar.
Luz Marina Bernal, que vive en Soacha pero se ha acercado a Bogotá para contar la historia de su hijo a un grupo de jóvenes, está triste. Lo verbaliza con palabras y lo refrenda con su rostro. “No es que yo desee ver a los militares presos en una cárcel, sino que digan la verdad. Porque en estos momentos nosotros como víctimas estamos esperando realmente a que contribuyan a esa verdad”.
Desazón es el estado que mejor define el ánimo de la abogada Alejandra Garzón. Una desazón que sus compañeras de dhColombia cuentan está afectando a su salud, porque defender los derechos humanos puede tener contraindicaciones. “La mayoría de países y de organizaciones internacionales creen que en Colombia todo se está resolviendo a través de la JEP y eso no es cierto. Hablen con las familias”, insiste la letrada. Y rescata el caso de Alfamir Castillo, que hace años ya estuvo exiliada de manera temporal en España y regresó a Colombia para estar con sus hijos y ver crecer a sus nietos: “Ha tenido que encontrarse presencialmente a los militares que mataron a su hijo porque vez que entran en la JEP, vez que todos quedan libres y se los topa en la calle”. Su compañera Martha Castillo pone el punto y final a la conversación: “Los responsables de los crímenes pueden salir por la puerta de adelante sin ninguna obligación y quienes fueron las víctimas terminan siendo revictimizadas otra vez”.
