
Los Acuerdos de Paz crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el que destaca la Jurisdicción Especial para la Paz. Cinco años después de su aprobación, las personas afectadas por el conflicto armado se sienten revictimizadas.
Alfamir Castillo ha perdido la cuenta de las veces que ha sido amenazada por llevar ante la justicia a los responsables de matar a su hijo, a quien hicieron pasar por guerrillero fallecido en combate. Así arrancaba la entrevista realizada a esta mujer colombiana en 2013, en la ciudad de Cali. Entonces ya había logrado que cinco soldados y dos superiores fueran condenados a más de 40 años de prisión por un caso de lo que se conoce en Colombia como "falsos positivos", el asesinato de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos a manos del Ejército.
Los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del que forman parte varias instituciones que se vislumbraron clave para la nueva etapa que se abría en el país después de décadas de violencia.
Alfamir Castillo sigue hoy sumando amenazas, mientras los militares condenados por el asesinato de su hijo, Darvey Mosquera, están en la calle. Por cuestiones de su seguridad no ha sido posible contactar con ella en esta ocasión. Nuevamente y por mera protección, su paradero es desconocido. “¿Cómo es posible que mientras yo tenga que esconderme para proteger mi vida, los militares que asesinaron a mi hijo estén libres, tras someterse a la justicia transicional? Uno se hace una cantidad de preguntas de las que no tengo respuestas”, afirmó el pasado mes de agosto al diario El Espectador.
El Sistema Integral está compuesto por tres organismos principales: la Comisión de la Verdad, un sistema extrajudicial y de carácter temporal para conocer lo ocurrido en el conflicto y contribuir al esclarecimiento de los hechos; la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que varían según las fuentes entre las 54.000 y las 120.000; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta tercera herramienta judicial, pensada para un período máximo de 20 años, tiene por mandato administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco de la contienda armada. “Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, apunta la institución judicial en su web.
La historia de Alfamir Castillo tiene réplicas. Luz Marina Bernal sufre una situación similar. Su hijo también fue víctima de una ejecución extrajudicial en 2008. A pesar de padecer diversidad funcional, su cuerpo fue mostrado como ...
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